Presentaron dos proyectos para facilitar el acceso al alquiler: proponen garantías gratuitas y un sistema de puntuación
Dos proyectos de ley presentados en la Legislatura porteña buscan incorporar nuevas herramientas para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Las iniciativas, impulsadas por el legislador Emmanuel Ferrario junto a Edgardo Alifraco, Graciela Ocaña, Horacio Rodríguez Larreta, Guadalupe Tagliaferri y Manuela Thourte, proponen crear un programa de garantías públicas y gratuitas y un sistema de puntuación que permita acreditar los antecedentes de cumplimiento de las obligaciones de inquilinos y propietarios.
Las propuestas ingresaron el 11 de noviembre de 2026 bajo los expedientes 3510-D-2026 y 3509-D-2026, respectivamente. Ambas apuntan a reducir las dificultades que enfrentan quienes buscan alquilar una vivienda, aunque lo hacen mediante mecanismos diferentes: una busca ofrecer una garantía respaldada por el Banco Ciudad y la otra generar un registro público y voluntario de antecedentes contractuales.
Garantías públicas y gratuitas para determinados grupos
El expediente 3510-D-2026 propone crear el programa “Alquiler Garantizado”, destinado a facilitar el acceso a contratos de vivienda mediante una garantía gratuita emitida por el Banco Ciudad. La iniciativa contempla a personas que alquilen un inmueble en la Ciudad para utilizarlo como residencia única y permanente.
El proyecto establece cinco grupos que podrían acceder al beneficio: jóvenes de entre 18 y 29 años que celebren su primer contrato de alquiler; personas a cargo de niños menores de cinco años o que estén cursando un embarazo; personas con discapacidad o responsables de al menos un hijo con discapacidad; jubilados, pensionados y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y personas que puedan acreditar antecedentes de buen cumplimiento en contratos de alquiler anteriores.
Para acceder, los solicitantes deberán demostrar ingresos suficientes para afrontar el pago mensual y que el alquiler inicial, sin contar expensas, no supere cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También deberán acreditar que no son propietarios ni titulares de usufructo de una vivienda adecuada y que el locador no es su cónyuge, conviviente o familiar hasta el segundo grado.
La garantía será solicitada por el inquilino y requerirá la aceptación expresa del propietario. Si este acepta incorporarla al contrato, no podrá exigir otra garantía para la misma locación, como una garantía propietaria, un seguro de caución o una fianza adicional.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) sería la autoridad de aplicación y tendría a su cargo la evaluación y aprobación de las solicitudes, mientras que el Banco Ciudad emitiría las garantías y actuaría como fiduciario del fondo previsto para respaldar el programa. La propuesta establece que el trámite y la garantía serán gratuitos, sin primas, comisiones ni cargos para los beneficiarios. No obstante, el inquilino continuará siendo responsable de sus obligaciones y el banco podrá reclamarle los importes que hubiera tenido que pagar en caso de ejecutar la garantía.
Un sistema de puntuación para inquilinos y propietarios
Por su parte, el expediente 3509-D-2026 plantea crear el Sistema de Puntuación para Alquileres de la Ciudad, una herramienta pública, gratuita y voluntaria para registrar y acreditar los antecedentes de cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de locación.
La iniciativa prevé una plataforma digital administrada por el IVC, en la que podrán incorporarse datos sobre la antigüedad y continuidad de los contratos, el pago del alquiler, las expensas y los servicios, el estado de conservación de los inmuebles y el cumplimiento de las obligaciones asumidas tanto por inquilinos como por propietarios.
A partir de esa información se calcularían dos indicadores: la Plataforma del Buen Inquilino (PBIn), destinada a reflejar los antecedentes contractuales de quienes alquilan, y la Plataforma del Buen Locador (PBL), que permitiría evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los propietarios.
El sistema contempla que ambas partes puedan incorporar referencias sobre la otra, siempre que estén vinculadas con obligaciones contractuales y cuenten con respaldo documental cuando corresponda. Los datos podrán ser consultados por potenciales inquilinos, propietarios, corredores inmobiliarios y compañías aseguradoras, pero únicamente con el consentimiento expreso de la persona titular de la información y en el marco de la evaluación de una nueva relación locativa.
La adhesión no será obligatoria. El proyecto establece que la falta de incorporación al sistema no podrá constituir, por sí misma, una causa para rechazar una solicitud de alquiler ni generar perjuicios para ninguna de las partes. Además, la participación y la consulta de la plataforma serán gratuitas.
Protección de datos y posibilidad de impugnar información
La propuesta también establece mecanismos para que inquilinos y propietarios puedan cuestionar la información que consideren inexacta, incompleta o improcedente. La impugnación deberá presentarse dentro de los 15 días hábiles de la notificación y la autoridad de aplicación tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para resolverla. Mientras el planteo esté pendiente, el dato cuestionado no podrá utilizarse para reducir la puntuación de ninguna de las partes.
También se contempla la posibilidad de que los inquilinos incorporen voluntariamente una Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). El documento solamente certificará si existen o no obligaciones tributarias locales exigibles y no regularizadas, sin revelar montos, ingresos, bienes ni otra información protegida por el secreto fiscal. Su ausencia no podrá afectar la puntuación ni ser utilizada como motivo para rechazar una solicitud de alquiler.
El proyecto prohíbe utilizar variables discriminatorias para calcular las puntuaciones, entre ellas la raza, nacionalidad, género, orientación sexual, religión, estado de salud o afiliación política y sindical. También impide considerar el nivel de ingresos de manera aislada o el patrimonio de las personas como factores para establecer las calificaciones.
Las inmobiliarias podrán adherir al sistema y registrar contratos y referencias en representación de los propietarios que lo autoricen. A su vez, el IVC podrá firmar convenios con plataformas digitales de intermediación, publicación o gestión de alquileres para facilitar la consulta de las puntuaciones.
Dos iniciativas complementarias
En los fundamentos del proyecto de garantías, sus autores señalan que uno de los obstáculos para acceder a una vivienda en alquiler es que personas con capacidad para afrontar el pago mensual pueden quedar excluidas por no contar con una garantía propietaria o un respaldo familiar. En ese sentido, la propuesta busca ofrecer una alternativa pública para determinados sectores de la población.
El sistema de puntuación, en tanto, apunta a que el buen comportamiento contractual pueda convertirse en un antecedente acreditable al momento de buscar una nueva vivienda. De esa manera, una persona que haya pagado puntualmente sus alquileres y cumplido con sus obligaciones podría presentar esa información ante otro propietario, sin tener que comenzar a demostrar su historial desde cero. La herramienta también busca que los inquilinos puedan conocer antecedentes de cumplimiento de los locadores.
Ambos proyectos prevén que el Poder Ejecutivo porteño los reglamente dentro de los 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial, en caso de ser aprobados por la Legislatura. Por el momento, se trata de iniciativas parlamentarias y no de programas vigentes.