La Legislatura porteña aprobó la Ley de Educación Digital Integral para las escuelas
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves 5 de noviembre la Ley de Educación Digital Integral (EDI), que establece la incorporación de contenidos pedagógicos obligatorios sobre el uso responsable, ético y crítico de las tecnologías en todos los niveles del sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada. La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos, 13 abstenciones y ninguno en contra.
El proyecto, impulsado por legisladores de del oficialismo Vamos por más y Fuerza por Buenos Aires, busca brindar herramientas a estudiantes y docentes para comprender el funcionamiento de las plataformas digitales, las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial, además de prevenir distintas formas de violencia en los entornos virtuales.
Entre los contenidos que contempla la nueva normativa se encuentran la ciudadanía digital, la protección de la privacidad y los datos personales, el funcionamiento de los algoritmos, la desinformación, las apuestas en línea y el bienestar digital. También incorpora herramientas para identificar y prevenir situaciones de grooming, ciberacoso, violencia de género digital y difusión de imágenes sin consentimiento.
Uno de los ejes de la ley es la incorporación de criterios para el uso pedagógico de la inteligencia artificial (IA) en los establecimientos educativos. Su utilización deberá responder a objetivos educativos y respetar principios de transparencia, privacidad, accesibilidad y protección de los datos personales.
La normativa establece, además, que estas herramientas no podrán reemplazar la intervención docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su implementación deberá contemplar la edad y el grado de madurez de los estudiantes, así como evaluaciones de los posibles riesgos técnicos, éticos, didácticos y cognitivos.
En materia de formación, se prevé incorporar la Educación Digital Integral tanto en la capacitación inicial como en la formación continua de los docentes. También se contempla garantizar la presencia de referentes de educación digital en las escuelas de todos los niveles y modalidades, junto con materiales didácticos multimediales, accesibles y actualizados.
La implementación de la EDI también contempla la participación de la comunidad educativa. Entre las propuestas se encuentra la designación de estudiantes promotores para fomentar el intercambio entre pares sobre el uso de las tecnologías y las prácticas de cuidado en los entornos digitales.
Asimismo, se prevén talleres destinados a las familias para abordar el funcionamiento de los algoritmos y los efectos de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes.
Otro de los instrumentos previstos será una encuesta bienal dirigida a estudiantes de entre 11 y 18 años, con el objetivo de relevar sus hábitos tecnológicos y su vínculo con las plataformas digitales. Entre los aspectos que se buscará conocer figuran el uso de inteligencia artificial, las apuestas en línea y cuestiones vinculadas con la salud mental y el bienestar digital.
La ley también establece que el Gobierno porteño deberá garantizar la conectividad y la disponibilidad de equipamiento tecnológico en las escuelas, además de promover el desarrollo de materiales y recursos pedagógicos para acompañar la implementación de los nuevos contenidos.
Con esta aprobación, la Ciudad incorpora un marco normativo para abordar la relación de niños, niñas y adolescentes con las tecnologías desde el ámbito educativo, con herramientas orientadas tanto a la alfabetización digital como a la prevención de riesgos y violencias en internet.
El legislador Juan I. Fernández cuestionó el rol que tendrá el Ministerio de Educación porteño en la regulación del uso de inteligencia artificial en las escuelas y consideró que la normativa establece un esquema de intervención centralizada y discrecional.
A través de sus redes sociales, Fernández sostuvo que el Ministerio tendrá la potestad de decidir qué herramientas de IA podrán utilizarse en los establecimientos educativos, lo que, según su interpretación, podría generar demoras burocráticas y favorecer a determinados proveedores. También objetó la creación de la figura del facilitador pedagógico digital y la designación de referentes en las escuelas, al considerar que implicarán nuevos cargos y un incremento del gasto público sin que el proyecto precise cómo se financiarán.
En ese sentido, calificó la iniciativa como un ejemplo de «normativismo ingenuo» y planteó que podría dispersar los esfuerzos del sistema educativo.